Ley Agraria de Francisco Villa: el reparto de tierras que cambió la Revolución Mexicana
Durante los años más intensos de la Revolución Mexicana, el general Francisco Villa, jefe de las fuerzas del Ejército Convencionista, promulgó una de las leyes más trascendentes del movimiento: la Ley General Agraria. Este documento, firmado en 1915, tenía como propósito fundamental redistribuir la tierra y atacar las causas profundas de la desigualdad en el campo mexicano.
Contexto de la Ley Agraria de Francisco Villa
En su introducción, Villa explica las razones que lo llevaron a emitir la ley. Señala que la tierra era la fuente principal de riqueza en México, pero estaba concentrada en manos de unos pocos terratenientes. Esa situación había dejado a la mayoría del pueblo, especialmente a la clase jornalera, en una posición de dependencia económica y social.
La concentración de la propiedad rural impedía el ejercicio libre de los derechos civiles y políticos de los campesinos. Además, generaba una estructura injusta en la que el trabajador del campo no podía mejorar sus condiciones de vida ni aspirar a una educación o progreso moral.
Villa sostenía que esa desigualdad no solo afectaba a los campesinos, sino también al desarrollo económico y productivo del país. Muchas tierras fértiles permanecían sin cultivo, mientras que las extensiones trabajadas eran insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias nacionales. En sus palabras, esta situación “constituía un obstáculo para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social”.
Objetivo principal: acabar con los latifundios
El primer artículo de la Ley General Agraria declara que la existencia de grandes propiedades territoriales es incompatible con la paz y la prosperidad de la República. A partir de este principio, se ordena que los gobiernos de los estados definan la superficie máxima que puede poseer una sola persona. Ningún individuo o empresa podría tener más tierras que las fijadas, salvo algunas excepciones reguladas por el Estado.
Este mandato representaba una ruptura directa con el sistema latifundista heredado del Porfiriato. Villa consideraba que reducir las grandes propiedades era una necesidad nacional urgente y una promesa solemne de la Revolución Mexicana. Con ello, se buscaba distribuir las excedencias y crear condiciones de justicia entre los habitantes del país.
El fraccionamiento de las tierras
Uno de los puntos centrales de la ley fue el fraccionamiento de las grandes propiedades. Según el artículo 3, las tierras que excedieran los límites establecidos serían expropiadas mediante indemnización por parte de los gobiernos estatales. Luego serían divididas en pequeños lotes y vendidas a precios accesibles a quienes estuvieran en condiciones de cultivarlas.
Además, se estableció que los pueblos indígenas tendrían prioridad en la recuperación de los terrenos circundantes a sus comunidades (artículo 4). Estos lotes debían distribuirse entre los habitantes locales en pequeñas extensiones, asegurando así la restitución de tierras ancestrales a sus pobladores originales.
El artículo 5 extendía esta posibilidad a los lugares donde se congregaran familias de labradores, autorizando la fundación de nuevos poblados agrícolas y la construcción de obras que facilitaran la vida rural, como caminos y sistemas de riego.
El manejo del agua y los recursos agrícolas
La ley villista también consideró la importancia del agua para el riego. El artículo 6 ordenaba la expropiación de las aguas que no fueran aprovechadas por sus dueños. Si el propietario no las utilizaba, debía hacerlo en un plazo determinado o perdería el derecho sobre ellas. Este punto mostraba la intención de Villa de garantizar el uso equitativo de los recursos naturales y promover una agricultura más productiva.
La indemnización y los derechos de los propietarios
Aunque la ley impulsaba la expropiación, también establecía mecanismos de compensación económica para los propietarios afectados. Según el artículo 8, el valor de las tierras sería determinado por peritos designados por ambas partes y un tercero neutral. Si había hipotecas u otros gravámenes, el Estado debía cubrir proporcionalmente las deudas correspondientes (artículo 9).
Este aspecto demuestra que Villa no buscaba una confiscación arbitraria, sino una reforma agraria legal y ordenada, donde el Estado actuara como mediador entre los intereses sociales y los derechos individuales.
La venta y adjudicación de las tierras expropiadas
El artículo 12 es uno de los más extensos y detallados. Establece que las tierras expropiadas debían fraccionarse en lotes que serían vendidos al precio de costo, más un 10% adicional destinado a un fondo nacional de crédito agrícola. Esta medida tenía el objetivo de fortalecer la economía campesina y financiar futuros proyectos rurales.
La ley también señalaba que nadie podría comprar más tierra de la que pudiera cultivar efectivamente. Si el adquirente dejaba de trabajarla por dos años, perdería los derechos sobre ella. De esta forma, se garantizaba que la tierra cumpliera su función social y productiva.
En el caso de los pueblos indígenas, los lotes no debían exceder las 25 hectáreas y se reservarían espacios comunes como bosques, abrevaderos y pastizales para el uso colectivo.
El patrimonio familiar y la protección social
En los artículos finales, la Ley Agraria introdujo una idea innovadora: la creación del patrimonio familiar inalienable. Este patrimonio no podía ser vendido ni embargado, y pasaba automáticamente a los herederos. Todo lote de 25 hectáreas o menos adquirido bajo esta ley se consideraba parte de dicho patrimonio. Con ello, Villa buscaba asegurar la estabilidad económica y social de las familias campesinas.
La visión social de Francisco Villa
La Ley Agraria del general Francisco Villa no solo fue un texto jurídico, sino también un manifiesto social y moral. En su introducción, Villa afirmaba que la reforma agraria era una necesidad apremiante para alcanzar la paz y la justicia en México. Criticaba el poder de los hacendados y la pasividad de los gobiernos anteriores, que habían permitido abusos y desigualdad.
El documento revela a un líder consciente de que la Revolución Mexicana debía cumplir sus promesas al pueblo: devolver la tierra a quienes la trabajaban y crear condiciones para una vida digna. Por eso, su ley combinó principios de equidad, trabajo y soberanía local.
Conclusión
La Ley Agraria de Francisco Villa representó uno de los intentos más ambiciosos por resolver el problema agrario mexicano. Aunque su aplicación fue limitada por el contexto de guerra civil, su contenido muestra una visión avanzada para su tiempo: redistribuir la tierra, proteger a los campesinos y fomentar la producción agrícola nacional. Fue, sin duda, una pieza clave del pensamiento revolucionario y una expresión del compromiso villista con la justicia social.
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